la fiscalía no habla del caso de Lisbeth Baquerizo, esto es lo que sabemos.

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El pasado 21 de diciembre Lisbeth Baquerizo, de 30 años de edad, fue asesinada en Puerto Azul, una urbanización cerrada de alta plusvalía en la vía a la Costa, en la salida de la ciudad costera de Guayaquil, donde la mujer vivía con su marido. El caso ha sido catalogado como un posible femicidio pues el principal sospechoso es su esposo, Luis Javier Hermida, que está prófugo. Además, el asesinato habría sido encubierto por el sospechoso y sus familiares con la presunta ayuda de un médico y de un empleado de una funeraria.

 

El día en que Baquerizo fue asesinada, sus padres aseguran que recibieron una llamada de su consuegro (padre del principal sospechoso), quien les avisaba que su hija se había caído y se había muerto. Sin embargo, las crecientes sospechas de su madre —a quien algunas amigas de su hija le dijeron que ella era víctima de violencia de género—, la llevaron a notificar a la Fiscalía, que ordenó una autopsia al cadáver de Lisbeth Baquerizo. 

El 22 de diciembre, funcionarios del departamento de Medicina Legal llegaron a la sala de velación a retirar el cuerpo de Baquerizo. El sospechoso huyó ese mismo momento, con la ayuda de quien sería su hermano en un carro a toda velocidad y casi atropellando a uno de los policías. Desde entonces se desconoce el paradero de Hermida, pero según el perfil de Twitter abierto por la familia de Baquerizo para informar sobre el caso, él, sus padres y sus hermanos estarían en Bogotá, Colombia.

En esa la autopsia se determinó que Baquerizo no había muerto de un infarto, como decía el certificado de defunción firmado por un médico, sino por un “traumatismo craneoencefálico” causado por dos heridas hechas con un “objeto contundente”; es decir, un objeto pesado y con filo, según la Fiscalía. Los médicos forenses de la Policía Judicial determinaron, además, que las heridas en la cabeza de Lisbeth Baquerizo habían sido cubiertas por un pegamento con el cabello, dice la madre de Baquerizo, en Twitter.

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La Fiscalía Provincial del Guayas comenzó la investigación por el presunto delito de femicidio, que durará 90 días. El 8 de enero de 2021, la Fiscalía incautó dispositivos de vigilancia en la urbanización Puerto Azul. Los funcionarios de la Fiscalía analizaron los videos de las cámaras de seguridad para determinar quiénes entraron a la urbanización el día del asesinato a Lisbeth Baquerizo. 

En la casa de Baquerizo, los agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) encontraron huellas de sangre en la cocina, sala y baño. Los agentes también determinaron que la escena de una supuesta caída había sido montada. La Fiscalía pidió al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) una copia certificada del acta de defunción de Baquerizo. El 9 de enero, luego de rendir su versión en la Fiscalía en Guayaquil, fue detenido el médico que firmó el acta de defunción con las supuestas causas de muerte natural de Lisbeth Baquerizo. 

El fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Luis Machado, solicitó una boleta de detención para que el médico aclare la situación sobre la muerte de Baquerizo.  El médico rindió su versión y luego fue trasladado a la Policía Judicial para que hiciera una ampliación de su versión, pues había afirmaciones confusas en su declaración.

El mismo día, Jennifer Montaño, jueza de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo familiar de Guayaquil, dictó prisión preventiva para el médico identificado como Marlon Eras Martínez, quien está siendo procesado por el presunto delito de femicidio, como cómplice. Hasta ahora, es el único detenido en este caso.

El personal de una funeraria que habría participado en los trámites mortuorios de Baquerizo también declaró en la Fiscalía. La Fiscalía pidió que se detenga, por el supuesto delito de fraude procesal, al maquillador de la funeraria, identificado solo como Richard A. 

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La familia del sospechoso tampoco ha sido localizada. 

La jueza Montaño dictó medidas de protección para los padres y la hermana de Baquerizo: una boleta de auxilio, la prohibición de que el médico Marlon Eras Martínez se les acerque o los intimide a ellos o a terceros.  También la jueza dispuso la atención médica y psicológica a los familiares de Lisbeth. 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el femicidio es cualquier tipo de violencia o la muerte de una mujer por el hecho de serlo. En Ecuador, este delito es castigado con 22 a 26 años de prisión.

El 12 de enero, día en que los padres de Lisbeth, Mario Baquerizo y Katty Muñoz, y los padres y los hermanos del sospechoso iban a declarar sobre los hechos, hubo una falsa alarma de bomba en la Fiscalía Provincial del Guayas, por lo que las declaraciones se suspendieron por un momento. Tres días después, la Fiscalía allanó las oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial de Guayas por sospechas de actos de corrupción en la investigación del caso. En el allanamiento se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares de una funcionaria que estaría involucrada en los supuestos actos de corrupción.

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